Manifestamos nuestro rechazo a la modificación de la Ley Nacional de Glaciares (N° 26.639) que impulsa el gobierno nacional. El proyecto cuenta con media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado en Diputados.
Esta reforma no es un hecho aislado, sino que es parte de un programa que tiene como objetivo precarizar la propia vida desde el plano social, laboral y también ecológico.
Los intereses extractivistas de las corporaciones mineras buscan imponerse sobre bienes públicos, reservas estratégicas para la vida, la preservación de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad que sostiene el ecosistema.
Con el falso pretexto del federalismo, esta reforma busca eliminar el rigor científico. Bajo estadísticas que vienen sosteniendo una reducción de la superficie de los glaciares en los últimos años, resulta irresponsable dejarlos fuera del resguardo legal.
De los glaciares y del ambiente periglaciar dependen la cantidad y calidad del agua que tengamos. Las organizaciones libres del pueblo protegemos nuestra casa común y rechazamos esta propuesta.