Lo que debía ser un espacio democrático de participación ciudadana terminó siendo una instancia vaciada de contenido y de respeto. No se garantizó el aforo adecuado, se limitaron y desordenaron las intervenciones de quienes se acercaron a expresar su voz, y, paradójicamente, el auditorio permaneció con espacios vacíos mientras numerosas personas previamente inscriptas quedaron afuera.
Esta situación no solo vulnera el derecho a la participación, sino que atenta contra la transparencia y la legitimidad de un proceso clave para el debate ambiental en nuestro país.
Además, este accionar contradice los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina, que garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia.
Las audiencias públicas no pueden ser una formalidad ni una puesta en escena: deben ser verdaderos espacios de escucha, donde la ciudadanía pueda expresarse en igualdad de condiciones.
Exigimos que se respeten los mecanismos de participación y que se garantice el acceso real, ordenado y justo para todas las personas interesadas.
Defender los glaciares también es defender la democracia.